Dronabinol. Cuando las consideraciones políticas se imponen sobre las científicas y las evidencias

Programa Drogas y Democracia – Transnational Institute, Amsterdam

Uno de los temas de la agenda de la última reunión de la Comisión de Estupefacientes, sostenida en Viena del 12 al 16 de marzo de 2007, fue la reclasificación del dronabinol -delta-9-tetrahidrocannabinol (THC)- de la Lista II a la Lista III del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. La Comisión reúne anualmente a todos los Estados miembros de la ONU para discutir y decidir sobre una amplia variedad de temas relacionados con el sistema mundial de control de drogas, el trabajo de la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) y el de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

El dronabinol es un ingrediente activo del medicamento Marinol que se prescribe como estimulante del apetito, principalmente para pacientes de sida y de quimioterapia. El dronabinol es el principio activo más importante del cannabis, planta que contiene una mezcla natural de unos 70 cannabinoides diferentes, además de otras sustancias. El cannabis natural y el dronabinol no son, pues, idénticos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó pasar el dronabinol de la Lista II a la Lista III del mencionado Convenio con el fin de aumentar sus aplicaciones médicas. La transferencia permitiría acelerar las autorizaciones de exportación/importación de dronabinol.

El delta-9-tetrahidrocannabinol quedó incluído en la Lista I del Convenio de 1971 en el momento de su adopción, y en 1991 todas las variantes fueron reclasificadas en la Lista II. Una revision crítica hecha por expertos de la OMS en 2002 recomendó una nueva reclasificación del dronabinol a la Lista IV. Pero el director de la ONUDD, Antonio Costa, en un gesto poco usual, insistió en que esta reclasificación se prestaría a confusión y crearía tensiones con la Convención de 1961, en la cual el cannabis está ubicado en las listas correspondientes a las sustancias más peligrosas, sin utilidad terapéutica. Por eso le pidió a la OMS que reconsiderara su decisión, y la recomendación de esta entidad nunca llegó hasta la Comisión. Para la Comisión de este año, la OMS actualizó la revisión crítica incluyendo información de publicaciones científicas recientes.

El dronabinol y otros cannabinoides se han vuelto medicinas prometedoras cuyo desarrollo no debería ser impedido por un régimen de control estricto. Sus usos terapéuticos podrían aumentar su aplicación médica, por lo cual resulta más apropiado clasificarlo en la Lista III. La OMS considera también que el riesgo de abuso del dronabinol es muy bajo. Este cambio no se extendería al cannabis -clasificado en la Convención Única de 1961- porque no hay conexión legal entre este tratado y el de 1971 en el que se encuentra el dronabinol.

Varios países, Estados Unidos en particular, se opusieron fuertemente a la reclasificación aduciendo de manera ambigua que la OMS no había basado suficientemente su recomendación en nuevas evidencias. El verdadero fondo de esta objeción es el miedo a que la recomendación se vea como una señal positiva de la OMS hacia el uso medicinal del cannabis, lo que podría “dar la señal equivocada” de que el cannabis pudiera no ser tan dañino. La JIFE se unió a las inquietudes de EE UU. Aunque esta entidad no tiene mandato para hacer recomendaciones sobre las clasificaciones con relación a las convenciones de 1961 y 1971 –la evaluación médica y científica para la clasificación de las sustancias corresponde a la OMS, y la JIFE es sólo uno de los asesores oyentes en el proceso-, de todos modos se pronunció contra la recomendación de la OMS en su Informe Anual 2006 y en la plenaria de la Comisión de Estupefacientes.

Durante el debate, otros países se alinearon con EE UU y la JIFE, expresando su preocupación ante un control menos riguroso del dronabinol. Sólo dos países (Holanda y Bolivia) de los quince que hicieron declaraciones estuvieron a favor de la reclasificación. Varios ponentes cuestionaron las bases científicas de la recomendación, otros señalaron el riesgo de desvío y las tensiones con la Convención de 1961.

Debido a las muchas objeciones, EE UU propuso que no se votara y que se devolviera el asunto a la OMS para su reconsideración “en consulta con la JIFE”. La OMS piensa sin embargo que “no tiene sentido posponer una decisión o hacer otra evaluación” pues han tenido en cuenta todas las evidencias disponibles. De todos modos se aprobó la propuesta estadounidense. El aplauso que se produjo tras la decisión sonó como una cachetada a la autoridad de la OMS, una señal de que en la Comisión de Estupefacientes las consideraciones políticas todavía se imponen sobre la ciencia y la evidencia.

Martin Jelsma y Tom Blickman

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