Que no se meta la OTAN con el control de drogas en Afganistán

Programa Drogas y Democracia – Transnational Institute, Amsterdam

El aumento simultáneo de la producción de opio y de la violencia en el sur de Afganistán ha desatado una ola de pánico en la comunidad internacional y, en consecuencia, enormes presiones a favor de solucionar ambos problemas de un sólo golpe.

La producción de opio en Afganistán alcanzó en 2006 un nuevo récord de 6.100 toneladas, que responsabilizan a este país del 92% de la producción mundial. Las voces a favor de una intervención militar para combatir el problema por la fuerza han aumentado. Entre éstas, la del jefe de la ONUDC, Antonio Costa, que quiere que la OTAN reciba el mandato de atacar laboratorios de heroína y desmantelar bazares de opio; y la de Estados Unidos, que clama por medidas más rigurosas: “Los campos de opio son el verdadero problema y tenemos que enfrentarlos agresivamente”. La opción de fumigar químicos, como el glifosato en Colombia, se está considerando cada vez más seriamente para evitar que la primavera de 2007 produzca un nuevo récord.

Al mismo tiempo ha aumentado la violencia en el sur de Afganistán, especialmente en las provincias de Kandahar y Helmand. Las tropas canadienses y británicas de la OTAN en esa zona han terminado cumpliendo una misión de combate que no corresponde con la tarea de reconstrucción del país. Hasta finales de noviembre de 2006, habían muerto en combate 3.700 personas, de las cuales mil civiles afganos y 140 militares extranjeros.

La comunidad internacional percibe a los talibanes, a los narcotraficantes y a los campos de opio con la misma lógica, es decir, como elementos descompuestos a los que hay que matar, arrestar y destruir para reducirlos, y finalmente eliminarlos. Pero el problema es más complejo y desafortunadamente no hay soluciones rápidas y simples.

El auge de la espiral de violencia y la creciente producción de opio son dos factores que en este momento se refuerzan mutuamente. Pero es importante comprender que no existe una simple relación causal entre los dos. Ambos son consecuencia de problemas de larga data en el país: la insuficiencia del aparato del Gobierno para cubrir seguridad y servicios, la amarga pobreza en la que vive la mayoría de los afganos, y el acoso que sufre la población tanto de parte de los caudillos locales como de las tropas internacionales.

La población campesina pobre ha reaccionado con furia ante la destrucción forzada de los campos de opio ya que no cuentan con otras alternativas de ingreso para alimentarse, comprar ropa, medicinas y pagar la educación de sus hijos. “Por un lado está bien acabar con los cultivos de opio porque es malo para la gente”, dice un joven campesino de la provincia de Nangarhar. “Pero por otro lado [acabar con el opio] es malo para nosotros que somos pobres y no tenemos otro ingreso”.

Además, las autoridades locales responsables de la destrucción de los cultivos son a menudo corruptas y a veces están involucradas en el cultivo y comercio de opio. La población está profundamente decepcionada del mal funcionamiento del Gobierno y por la lentitud de la comunidad internacional en sus intentos de reconstrucción. El uso de la violencia por las tropas de la OTAN, que ha ocasionado víctimas entre la población civil, ha contribuido también a una mayor frustración especialmente en el sur del país.

Cada vez es más claro que la insurrección no se va a vencer por la vía militar. La presencia de tropas extranjeras ha estimulado incluso esta insurrección. Es importante también reconocer que no toda la violencia por definición la causan los talibanes.

Todos estos factores conducen a un mayor distanciamiento entre la población afgana y el Estado. Mientras no se aborden estos problemas, las tentativas de reducir la violencia y la producción de opio están condenadas a fracasar, fuera de que las medidas represivas sólo servirán para incentivar el problema.

La destrucción de los campos de opio no debería realizarse bajo ninguna condición antes de que se creen las fuentes alternativas de ingreso para los campesinos, porque esto significaría un desastre humanitario para la población campesina pobre. Una intensificación de la “guerra a las drogas” en Afganistán logrará sólo avivar el conflicto, justamente lo que menos se necesita en estos momentos.

La comunidad internacional debe aceptar que este problema no se resuelve de la noche a la mañana, y por eso hay que hacer todo lo posible para evitar el uso de la violencia militar en el combate a las drogas.

Tom Kramer

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