Durante los primeros siete meses de 2026, el Washington State Liquor and Cannabis Board realizó 308 controles de acceso juvenil en establecimientos autorizados para vender cannabis. En 285 ocasiones no se produjo la venta, lo que equivale a una tasa de cumplimiento del 92,5 %. Entre los comercios de alcohol, 1.576 de 1.905 controles terminaron sin venta: un 82,7 % de cumplimiento.

La diferencia resulta relevante porque Washington cuenta con un mercado de cannabis de uso adulto desde hace más de una década. Los votantes aprobaron la legalización en 2012 y las primeras tiendas comenzaron a operar en julio de 2014. Desde entonces, los establecimientos autorizados están sujetos a controles de edad, inspecciones y sanciones por vender cannabis a menores de 21 años. El estado también mantiene abierto el debate sobre otros aspectos de ese modelo, como la regulación del autocultivo.

Los resultados de este año no son una excepción. El propio organismo estatal registró en ejercicios anteriores tasas de cumplimiento del cannabis superiores a las del alcohol. Una tendencia similar ya aparecía en datos recopilados en otros estados con mercados regulados y en Cáñamo lo abordamos para explicar la venta legal de cannabis no está abriendo la puerta a menores de edad.

Los controles tienen un alcance concreto ya que buscan medir si un establecimiento autorizado vende directamente un producto restringido a una persona menor de la edad legal y no sirve para determinar cuánto cannabis consumen los adolescentes ni por qué otras vías pueden acceder a él.

La comparación con el tabaco exige además una precisión. Los datos de 2026 citados para ese sector proceden de inspecciones federales de la FDA, un programa distinto de los controles estatales utilizados para cannabis y alcohol. Por eso, los porcentajes no son estrictamente equivalentes.

Lo que sí permiten afirmar los datos de Washington es más acotado: legalizar el cannabis no impide establecer barreras efectivas de acceso para menores. En este caso, los comercios regulados están cumpliendo esas restricciones con mayor frecuencia que los establecimientos que venden alcohol.

Por eso, y frente a la idea de que la prohibición es la única herramienta capaz de proteger a los menores, Washington ofrece un ejemplo medible donde la regulación, fiscalización y control también pueden cerrar puertas al consumo adolescente.