Según el informe, al cierre de 2024 había 101.861 personas habilitadas para acceder al cannabis regulado. De ellos 74.583 adquirían la marihuana en las farmacias, 11.597 son cultivadores domésticos y 15.681 integrantes de 475 clubes de membresía. Desde que comenzó la venta en farmacias, en 2017, se dispensaron más de 15 toneladas de cannabis. Sin embargo, el propio informe identifica a las farmacias como el cuello de botella del modelo debido a los problemas de abastecimiento, escasez recurrente y una oferta que durante años no terminó de alinearse con las preferencias de quienes compran. Dicho de otra forma, la regulación avanzó, pero no siempre al ritmo de su demanda potencial.

Ahí aparece uno de los hallazgos más importantes del documento. La política sí logró quitarle espacio a la marihuana prensada y al narcomenudeo tradicional, pero no erradicó las zonas intermedias. El llamado mercado gris, nutrido por cultivos no registrados, intercambios informales y desvíos de cannabis producido en circuitos legales o semilegales, representa en 2024 casi 30 % de las vías de acceso más frecuentes entre quienes consumieron en el último año. Es una cifra demasiado alta para un país que hizo de la trazabilidad una bandera y al mismo tiempo es una señal de que el problema ya no pasa solamente por legalizar, sino por ajustar. 

En el plano sanitario, el balance es menos alarmista que el imaginado por buena parte de sus detractores en 2013. La evaluación no encuentra impactos negativos significativos atribuibles a la regulación y los indicadores de uso problemático se mantienen estables, sin registrar aumentos pronunciados en emergencias toxicológicas por cannabis. También en materia penal el informe explica que, con límites más claros para el acceso y la tenencia, disminuyó la discrecionalidad sobre conductas menores vinculadas al cannabis. Aun así, el propio documento advierte que persisten diferencias de aplicación entre territorios y que los cambios punitivos introducidos en los últimos años pueden erosionar parte de ese avance.

La lección uruguaya, once años después, ya no pasa por demostrar que la regulación era posible. Eso quedó bastante claro. Ahora lo que toca averiguar es si el Estado va a conformarse con haber domesticado una parte del mercado ilegal o si está dispuesto a corregir la sobrerregulación, mejorar el abastecimiento y reducir el tamaño de ese espacio gris que todavía sobrevive y, donde se juega hoy el verdadero futuro del modelo uruguayo.