La Resolución 69/2026, publicada el 3 de septiembre en el Boletín Oficial, establece cuatro categorías: producción agrícola, elaboración de productos derivados, servicios conexos y comercio exterior. Una misma persona o empresa podrá solicitar más de una licencia si cumple los requisitos de cada actividad. Los permisos tendrán una vigencia de cinco años y deberán pasar por una validación anual.
El nuevo régimen amplía un mapa que Argentina viene construyendo por etapas. El país había avanzado en los últimos años en una agenda federal sobre cannabis y cáñamo, mientras la ARICCAME desarrollaba regulaciones para distintos segmentos productivos. La nueva resolución cubre las inflorescencias y la biomasa, además de su transformación en productos medicinales, nutricionales, cosméticos, veterinarios o industriales.
Para la producción agrícola, la norma exige un plan anual, georreferenciación, identificación de las genéticas utilizadas, trazabilidad por lotes, infraestructura y medidas de seguridad. Además, el cultivo hortícola no podrá realizarse a campo abierto y deberá desarrollarse en invernaderos u otras instalaciones equivalentes que permitan controlar accesos y reducir riesgos de contaminación.
Otro punto relevante es el límite de THC, ya que el cáñamo debe mantenerse en el 1 % o menos en peso seco, aunque la resolución incorpora un margen administrativo para resultados superiores al 1 % y de hasta el 2,5 %. En ese intervalo no se configura automáticamente una infracción definitiva, pero el lote queda inmovilizado mientras la ARICCAME realiza verificaciones.
El esquema contempla pagos por evaluación, otorgamiento y validación anual, además de las habilitaciones de otros organismos que correspondan según la actividad. Los organismos públicos nacionales y las universidades públicas nacionales están exentos, mientras que ciertos proyectos que se adecúen desde autorizaciones previas acceden a condiciones reducidas.
La norma amplía las posibilidades legales para un sector que ha atravesado periodos de incertidumbre en la industria cannábica argentina. Ahora el desafío será que la formalización no se limite a crear nuevas categorías de licencia, sino que permita una cadena capaz de incorporar a actores de distinta escala.