Aunque California legalizó el consumo adulto de cannabis en todo su territorio, el mercado regulado continúa organizado como un archipiélago comercial. Según datos actualizados en febrero de 2026 por el Department of Cannabis Control (DCC), 256 de las 540 ciudades y condados del estado permiten al menos un tipo de negocio cannábico. Los 284 restantes, equivalentes al 53 %, no autorizan ninguno, mientras que 302 jurisdicciones, el 56 %, tampoco permiten la venta minorista.
Como el recuento oficial considera jurisdicciones y no habitantes, una gran ciudad y un municipio pequeño pesan lo mismo en la estadística. Por esa razón, el dato no permite afirmar que el 53 % de la población carezca de acceso legal, pero sí muestra cuánto poder conservaron las administraciones locales después de la Proposición 64. Cada ciudad o condado puede autorizar algunas actividades, prohibir otras o excluir completamente los negocios regulados, incluso cuando las normas del territorio vecino siguen una dirección distinta.
En la práctica, esta superposición produce una situación contradictoria: las personas adultas pueden consumir cannabis legalmente, pero la disponibilidad de tiendas y servicios de reparto cambia según el lugar donde vivan. El DCC calcula 4,27 licencias minoristas por cada 100.000 habitantes y sostiene que las restricciones locales reducen el acceso a productos sometidos a controles y pruebas de seguridad.
Mientras ese mapa comercial permanece fragmentado, el estado continúa reforzando las operaciones contra el mercado ilícito. Entre abril y junio de 2026, el grupo de trabajo unificado destruyó 63.204 libras de cannabis, erradicó 89.257 plantas en diez condados e informó de 24 detenciones y 17 armas incautadas. Las cifras permiten dimensionar la actividad de fiscalización, pero no miden el tamaño total de la economía no regulada ni prueban que los vetos municipales expliquen cada cultivo o punto de distribución clandestino.
A la hora de explicar la persistencia de ese mercado también deben considerarse los precios, los impuestos, los costes de las licencias y la demanda. La experiencia de Uruguay muestra que una regulación consolidada tampoco elimina automáticamente el mercado ilegal, mientras que los primeros datos de los programas piloto suizos sugieren que ampliar el acceso regulado puede reducir parte de las compras clandestinas. Son contextos distintos, pero ambos recuerdan que la arquitectura del mercado importa tanto como su legalización formal.
Medio siglo después de la despenalización parcial de 1975, California continúa negociando su mercado adulto municipio por municipio. La fiscalización puede retirar producto y perseguir delitos asociados, pero no corrige por sí sola la distribución desigual de la oferta legal. Las incautaciones muestran la persistencia de la economía clandestina, mientras el mapa de prohibiciones revela una de las condiciones que la regulación todavía no ha resuelto.
