El informe Reducing deaths among prison leavers, elaborado por Nacro, contabiliza 397 fallecimientos dentro del año siguiente a la excarcelación entre 57.284 liberaciones durante 2024/25. La cifra equivale a una tasa del 0,69 % y a una muerte por cada 144 salidas de prisión. La organización estima que casi el 40 % de esos fallecimientos estuvo relacionado con drogas, con proporciones similares de intoxicaciones no intencionales y muertes autoinfligidas. El promedio ronda los tres casos semanales.
El riesgo es especialmente elevado al recuperar la libertad. Durante el encierro puede disminuir la tolerancia a los opioides; retomar dosis anteriores, mezclar sustancias o consumir productos de potencia incierta aumenta la probabilidad de una intoxicación fatal. El problema se agrava ante la circulación de opioides sintéticos difíciles de detectar. Los datos, sin embargo, describen las causas registradas entre quienes murieron y no permiten atribuir cada caso a una sola deficiencia penitenciaria, sanitaria o social.
Las comparaciones históricas también tienen límites. El Ministerio de Justicia cambió en 2019 la forma de registrar las causas de muerte y posteriormente introdujo ajustes en su clasificación y revisión. Por eso, la conclusión de Nacro de que las muertes relacionadas con drogas se duplicaron desde aquel año no puede proyectarse hacia periodos anteriores como si toda la serie fuera homogénea.
La organización pide ofrecer tratamiento de sustitución con opioides el mismo día de la salida, fijar un estándar nacional para entregar naloxona y conectar a cada persona con atención médica y servicios comunitarios. Un análisis oficial abordado por Cáñamo encontró que recibir metadona o buprenorfina durante el último día en prisión se asociaba con una reducción del 54 % del riesgo de muerte relacionada con drogas durante las cuatro semanas siguientes. La investigación es observacional y no demuestra por sí sola causalidad.
Nacro también reclama coordinación entre los ministerios de Justicia y Salud y medidas frente a la falta de vivienda. La continuidad terapéutica debería incluir naloxona, una herramienta cuya disponibilidad sigue siendo desigual pese a iniciativas para facilitar su acceso frente a las sobredosis. La puerta de la prisión no debería marcar el corte de la atención: tratamiento, alojamiento y acompañamiento deben cruzar el umbral junto con la persona liberada, precisamente cuando volver a consumir puede resultar más peligroso.
