Brasil mantiene dos caminos distintos para acceder a productos de cannabis medicinal. Por un lado, existen preparados autorizados para su fabricación, importación comercial y venta dentro del país. Por otro, los pacientes pueden solicitar permiso para comprar directamente en el extranjero un producto indicado para su tratamiento.

Este segundo mecanismo depende de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, conocida como Anvisa, el organismo equivalente a una autoridad nacional de medicamentos. Para utilizarlo, el paciente necesita una receta emitida por un profesional habilitado y debe registrarse previamente ante la agencia. Una vez concedida, la autorización tiene una validez de dos años.

La compra queda bajo responsabilidad del paciente y el producto puede ingresar a Brasil mediante una empresa de mensajería rápida, los sistemas habituales de comercio exterior o dentro del equipaje de la persona autorizada y el permiso puede utilizarse en varias compras parciales, siempre que las cantidades coincidan con la dosis y la duración del tratamiento indicadas en la receta.

Anvisa advierte que los productos que ingresan por esta vía no están registrados como medicamentos en Brasil y que la agencia no ha evaluado directamente su eficacia, calidad o seguridad. La autorización permite su entrada para un tratamiento individual, pero no funciona como una certificación del producto.

En enero, Anvisa descartó aplicar restricciones inmediatas y abrió un proceso separado para estudiar posibles cambios. Según datos de la propia agencia, entre 2015 y 2025 se concedieron más de 600.000 autorizaciones, de las cuales más de 190.000 correspondieron solo a 2025.

Mientras se discute esa reforma, la importación personal seguirá conviviendo con las nuevas reglas para producir cannabis medicinal en Brasil. El modelo también genera efectos en Colombia que tuvo que adaptar sus trámites de exportación para pacientes brasileños, porque una autorización personal no funciona como un permiso comercial convencional.

Reforzar los controles resulta necesario, pero restringir esta vía antes de que existan alternativas reguladas, disponibles y asequibles trasladaría el costo de la transición a los pacientes. La excepción permite mantener tratamientos concretos aunque no reemplaza una política pública capaz de garantizar un acceso estable.