La sexagésima séptima sesión de la convención de estupefacientes de la ONU celebrada el pasado mes de marzo se recordará por haber roto una larguísima tradición de decisiones unánimes. Las resoluciones que se tomaban eran por consenso, sin discrepancia alguna, una costumbre tan arraigada que ya tenía nombre: el “Consenso de Viena”. Cuando todos los países estaban de acuerdo, se firmaba, de manera que nunca había grandes decisiones, pues el mecanismo permitía a ciertos estados miembros bloquear el lenguaje progresista o cualquier posicionamiento que no les gustara.
Nunca hasta este año había hecho falta votar para aprobar las conclusiones en las sesiones de la convención de estupefacientes de la ONU. El cambio manifiesta un deseo por adoptar un rumbo más progresista en las políticas de drogas.
En esta sesión hubo discrepancias insuperables. La primera surgió cuando se propuso que la lucha contra las drogas se debe contemplar al amparo de los derechos humanos, con la consiguiente necesidad de adoptar medidas innovadoras.
La segunda discrepancia fue la introducción en la resolución final de la expresión “reducción de daños”. El que hubiera países como Rusia o China que no la aceptasen y países que se negaban a retirarla obligó, por primera vez, a votar. Ganó el nuevo enfoque por aplastante mayoría por lo que se vio la soledad de estos dos países que no quieren evolucionar. La “mano dura con las drogas” es una expresión y una política obsoletas que además de ineficaz produce un enorme sufrimiento.
Uno escoge libremente usar determinadas sustancias y es en función de esa libertad como el consumidor puede desarrollar su personalidad como más le convenga. Y esa libertad es un derecho humano que debe estar protegido por los gobiernos de todo el mundo. Así lo han visto Alemania, Canadá, EE UU, Uruguay, Malta, Luxemburgo…
La regulación del cannabis entra dentro de las estrategias por la reducción de daños. El respaldo a esta regulación es cada vez más generalizado. Ya no es una posición radical sino pragmática, con ejemplos que demuestran su eficacia y conveniencia. La normalización del cannabis es una realidad y una gran mayoría de la población en países civilizados ya no ven con buenos ojos que a los usuarios se los persiga o se los condene a tener que ponerse en manos del mercado negro.
El modelo por el que ha optado Alemania es una estrategia deliberada de reducción de daños, donde se evitan los riesgos de inducción al consumo por parte de monopolios corporativos. Un modelo basado en el autocultivo (que quien consuma se autoabastezca o se una a otros iguales en un club para gestionar su consumo), un modelo sin fines de lucro, un modelo donde se controla la sustancia y se evitan adulteraciones, un modelo que puede acabar con la violencia del tráfico y el mercado negro.
El respaldo público a la legalización continúa aumentando y ya hay más países en este viejo continente que se lo están planteando. Mientras en este país aún no tenemos la esperada regulación del cannabis como medicina y tendremos que seguir esperando que el Gobierno se pronuncie sobre la posibilidad de una regulación integral del cannabis.
