Lo ocurrido en Viena expuso una disputa donde el fentanilo funciona como emergencia sanitaria, expediente criminal y argumento geopolítico. Estados Unidos insiste en que parte de los precursores químicos sale de la industria china hacia redes vinculadas con organizaciones criminales que operan en México y abastecen el mercado estadounidense. China responde que ese enfoque busca externalizar una crisis que también tiene causas internas en Estados Unidos.
Sin embargo, es un argumento que se viene sosteniendo desde 2023 cuando el Departamento de Justicia y luego la DEA presentaron cargos contra empresas chinas a las que les vinculan con la venta de químicos destinados a la producción de opioides sintéticos. Washington sostiene que la cadena del fentanilo debe ser perseguida desde su origen industrial hasta su circulación en América del Norte. Así, la cuestión antidrogas quedó incorporada a una lógica más amplia de competencia estratégica.
China, sin embargo, también exhibe su propio expediente y recuerda que en 2019 aplicó controles de clase sobre sustancias relacionadas con el fentanilo y que en 2025 publicó un libro blanco para reivindicar sus medidas de fiscalización y su cooperación internacional. El problema es que ambas afirmaciones pueden convivir: puede haber endurecimiento regulatorio y, al mismo tiempo, persistencia de fugas, zonas grises y mercados paralelos de precursores.
Para Estados Unidos, sirve como prueba de una cadena transnacional que empieza fuera de sus fronteras. Para China, como ejemplo de cómo una crisis de salud pública puede convertirse en herramienta de disputa comercial y, en el medio, queda un negocio que prospera por la capacidad de adaptación de las redes criminales, por controles siempre insuficientes y por una demanda que ningún discurso geopolítico alcanza a explicar.
