Virginia lleva años atrapada en una transición incompleta que se inició en 2021, cuando los usuarios adultos fueron autorizadas para poseer pequeñas cantidades de cannabis y cultivar hasta cuatro plantas en sus hogares, aunque el acceso comercial siguió bloqueado. Esa brecha alimentó un escenario que si bien permitía el consumo no abordaba el mercado ilegal que gira en torno a la planta y que en otras experiencias de regulación más integrales sí ha obtenido buenos resultados.
Sin embargo, la votación del 14 de marzo reabre esa discusión desde un lugar distinto, porque esta vez el proyecto llega a una gobernadora que, a diferencia de lo que ocurrió con el veto de Glenn Youngkin a la venta minorista de cannabis, no ha hecho del rechazo a la regulación su estrategia principal.
Es en este contexto que el compromiso aprobado por ambas cámaras conservó varios de los puntos centrales que venían negociándose entre la versión de la Cámara de Delegados y la del Senado. El texto prevé ventas para mayores de 21 años, permite compras de hasta 2,5 onzas por transacción y deja el inicio del mercado legal para el 1 de enero de 2027. También coloca la supervisión en la Virginia Cannabis Control Authority, amplía el límite de posesión y mantiene la decisión de que los municipios no podrán excluirse del sistema de ventas, aunque sí podrán aplicar un impuesto local adicional y regular aspectos de funcionamiento territorial.
La propuesta final del proyecto legislativo combina un impuesto estatal específico del 6% con el impuesto general sobre ventas y la posibilidad de una tasa local de entre 1% y 3,5%. Parte de esa recaudación se orientaría a educación infantil temprana, fondos de reinversión para comunidades impactadas por la guerra contra las drogas e iniciativas de salud pública. La idea del proyecto es construir una legitimidad pública alrededor de las oportunidades económicas de la legalización del cannabis, pero también de que la regulación debe reparar daños previos y ordenar un mercado que ya existe de hecho.
Sin embargo, la entrada de operadores médicos al mercado adulto mediante una tarifa de conversión millonaria y el límite inicial de licencias muestran que Virginia sigue debatiendo quién podrá capturar el valor económico de la legalización. La promesa de un mercado más seguro y transparente convive con el riesgo de una estructura concentrada. Por eso, más que cerrar una discusión, la iniciativa de Virginia busca decidir si la regulación será una corrección a las políticas prohibicionistas o apenas una reordenación del negocio bajo nuevas reglas.
