Según anunció la Fiscalía sueca el 11 de mayo, una diputada de 54 años fue acusada de conducción bajo los efectos de sustancias, conducción grave sin licencia, consumo menor de drogas y tenencia de estupefacientes. Aunque el comunicado oficial no la nombraba, los medios suecos identificaron a la acusada como Katja Nyberg. La intervención policial tuvo lugar el 28 de diciembre de 2025 y, de acuerdo con la acusación, los análisis indicaron presencia de drogas en sangre y una bolsa con narcóticos en el vehículo. Nyberg niega la mayoría de los cargos y será el tribunal quien determine el alcance penal de los hechos.
En el expediente citado por SVT (canal público de televisión sueca) aparecen también la incautación de aproximadamente un gramo de cocaína y un objeto descrito por la acusación como un tubo para esnifar. El mismo medio informó que un análisis de drogas realizado a partir de muestras capilares dio positivo a cocaína, anfetamina y MDMA. Nyberg, cuyo perfil oficial en el Parlamento la identifica como policía o inspectora criminal, ha rechazado las acusaciones de consumo y posesión de drogas, aunque SVT señaló que reconoció la conducción grave sin licencia.
Si bien no se puede conocer la cifra exacta de cuántos parlamentarios suecos consumen drogas, existe un precedente: en enero de 2024 se realizaron pruebas en baños vinculados a varios partidos dentro del Parlamento sueco y en 4 de ellos se encontraron rastros de cocaína. La investigación posterior quedó cerrada porque no existían indicios que permitieran vincular esos rastros con una persona concreta y, por lo tanto, no se podía probar responsabilidades individuales sobre el hallazgo.
En un país que ha hecho de la tolerancia cero una seña de identidad, cualquier sospecha que alcance a una figura pública adquiere una carga simbólica mayor. La legislación sueca criminaliza el uso, la posesión, la compra, la venta y la transferencia de narcóticos, según la información oficial del Gobierno sobre la Ley Penal de Narcóticos. Bajo ese marco, el caso no solo remite a una eventual infracción penal, sino también al contraste entre una política que castiga el consumo y una esfera institucional que aparece atravesada por las mismas prácticas que condena.
El debate sueco no ha estado exento de la discusión sobre las drogas y su uso regulado. En 2022, la eurodiputada Sara Skyttedal defendió públicamente la legalización del cannabis y la despenalización del consumo, una posición que se apartaba del consenso prohibicionista dominante. Ahora, el caso Nyberg desplaza la discusión hacia un terreno distinto y ya no se trata solo de reformar o no la ley, sino de observar qué ocurre cuando las normas más severas rozan a quienes participan en su legitimación política.
Pero en este caso la pregunta relevante no es cuántos diputados suecos consumen drogas, sino cuánto tiempo puede sostenerse una política basada en el castigo cuando sus propias instituciones muestran signos de una realidad más compleja. Si el consumo existe también en los espacios de poder, la discusión debe apuntar a quién se está castigando y con qué criterios se reparte la indulgencia.
