El documento, South Africa’s Industrial Hemp Value Chain Development Study, imagina al cáñamo como una palanca de diversificación productiva para Sudáfrica, con capacidad para empujar cadenas manufactureras, abrir actividad rural y sumarse a la retórica global de la bioeconomía.

Pero el tono del informe está lejos del entusiasmo acrítico y más que celebrar una bonanza inminente, estimada en unos 2.050 millones de euros en 2040, lo que hace es plantearse si este país puede reconocer el valor industrial del cáñamo y, al mismo tiempo, seguir atrapado en una arquitectura legal que no sabe muy bien qué hacer con la planta.

Aunque la Cannabis for Private Purposes Act fue promulgada en 2024 y abrió una nueva etapa para el uso privado de cannabis por parte de personas adultas, la comercialización sigue fuera de ese marco y el proceso regulatorio en Sudáfrica continúa incompleto. El estudio insiste en que el cáñamo debe separarse de forma explícita de la legislación sobre drogas y recibir un tratamiento industrial propio. Sin esa segmentación, la incertidumbre se traslada a toda la cadena abarcando las licencias, inversión, estándares técnicos, desarrollo de producto y acceso a mercados. El problema no es solamente jurídico, es también institucional ya que distintas agencias intervienen sobre el cáñamo con lógicas distintas y, por ahora, sin una coordinación suficientemente clara.

El informe identifica rutas industriales con mejores perspectivas de desarrollo entre las que destaca los alimentos y bebidas, el cuidado personal, pulpa y papel, textiles y construcción. La idea no parece descabellada ya que Sudáfrica tiene permisos de cultivo emitidos y una base territorial que podría servir de punto de partida. Pero entre el campo y la fábrica faltan plantas de procesamiento, mercados y un esquema de financiamiento que reduzca el riesgo de la etapa inicial.

El estudio habla de clústeres regionales y de mecanismos para ordenar el crecimiento. Al mismo tiempo, deja entrever que los modelos más rentables son los mecanizados y de escala, mientras que las operaciones pequeñas cargan con más costos y menos margen. Dicho de otro modo, el país puede construir una cadena de valor del cáñamo y aun así dejar a pequeños productores excluidos si la política pública no corrige esta asimetría.

Sudáfrica no parece estar ante una fiebre verde sino ante una prueba de madurez estatal y, en este marco, el informe ofrece una hoja de ruta razonable, pero también expone que si bien existe una visión industrial y hay apetito de mercado, todavía no hay una normativa capaz de convertir esas piezas en una economía funcional.