La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) mantiene 22 autorizaciones vigentes para cultivar cannabis. Ocho corresponden a investigación; nueve, a producción o fabricación con fines médicos y científicos y cinco, a la obtención de lotes destinados a validar procesos de fabricación de principios activos estupefacientes. 

El total no equivale a 22 titulares distintos ya que Bhalutek Sens y Phytoplant Research aparecen tanto en investigación como en producción médica, por lo que el registro reúne veinte entidades únicas. Entre las autorizadas para fines médicos figuran Cannaflos Genetics, Linneo Health, Medical Plants, Naturhemp, Oils4Cure, Ondara Directorship y Sovereign Fields, además de las dos compañías repetidas.

La composición ha cambiado respecto del listado que Cáñamo examinó en 2023. Entonces había 16 entradas de investigación, seis de producción médica y dos de validación, repartidas entre 21 empresas y entidades. En la relación actual, el primer bloque se reduce a la mitad y aumentan los otros dos. El documento, sin embargo, no permite atribuir ese cambio a una causa concreta ni comparar el tamaño de los proyectos.

Contar con una autorización tampoco habilita un cultivo sin condiciones adicionales. La AEMPS explica que los permisos de investigación se conceden por un periodo definido y pueden renovarse mientras dure el proyecto. Para iniciar cultivos con fines médicos, los titulares deben solicitar la autorización de las parcelas. Todas las entidades autorizadas, además, deben presentar un informe anual de resultados.

La publicación de nombres y finalidades aporta una referencia verificable en un ámbito marcado durante años por la opacidad de las licencias. En 2025, una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ordenó a Sanidad entregar información más detallada sobre las condiciones de los permisos. La relación vigente mejora la trazabilidad, pero no revela superficies cultivadas, volúmenes de producción, contratos ni destinos comerciales.

La diferencia es relevante porque España reguló en 2025 las fórmulas magistrales tipificadas de cannabis. El Real Decreto 903/2025 limita su prescripción a médicos especialistas del ámbito hospitalario y reserva su elaboración y dispensación a los servicios de farmacia hospitalaria. en este contexto, las autorizaciones de cultivo forman parte de una cadena sometida al control de estupefacientes, pero no determinan por sí solas el acceso efectivo de los pacientes.

El registro muestra que España dispone de una estructura legal de cultivo más amplia de lo que suele percibirse, pero estrictamente acotada donde veinte entidades pueden producir cannabis bajo finalidades concretas y supervisión estatal, mientras el autocultivo, los clubes sociales y el uso adulto permanecen fuera de ese marco.