El trabajo, publicado en Journal of Substance Use and Addiction Treatment, utilizó datos del Longitudinal Study of Australian Children, que sigue a cohortes de jóvenes desde la infancia. Los investigadores –de la Universidad de Southern Queensland y la Universidad de Queensland– aplicaron un análisis de mediación con variable instrumental para aislar mejor el efecto de las redes sociales. En la muestra, más de un 34 % de los participantes declaró haber probado cannabis a los 18 o 19 años.

Según Getachew Asmare Adella, investigador principal del trabajo, el hallazgo más inesperado fue que la ansiedad y el malestar emocional no explicarían el vínculo. En su lugar, los comportamientos externalizantes –impulsividad, actuar sin pensar– mediaron casi un 25 % de la asociación. Según los autores, las plataformas podrían reforzar esas tendencias al exponer a los adolescentes a contenidos que normalizan conductas de riesgo y a la influencia de pares que alienta la experimentación.

Sin embargo, la investigación se trata de un estudio observacional y no permite afirmar causalidad directa, ni la muestra permite extrapolar a otros contextos. El trabajo se publica meses después de que Australia prohibiera las redes sociales para menores de 16 años, un dato que enmarca políticamente los resultados. Mientras tanto, la evidencia acumulada en varios países sigue mostrando que la legalización del cannabis no eleva por sí sola el consumo adolescente.

Los datos obtenidos dialogan con tendencias más amplias. En Europa, los informes recientes muestran que los adolescentes consumen menos cannabis pero más benzodiacepinas y apuestan más en línea, un panorama donde el entorno digital atraviesa múltiples conductas de riesgo, no solo una sustancia en específico.

El estudio desplaza el foco de la ansiedad a la impulsividad y cuestiona las narrativas que reducen el consumo adolescente a un problema emocional individual. Si las plataformas refuerzan conductas de riesgo, la respuesta no es criminalizar el cannabis ni prohibir las pantallas, sino diseñar políticas de prevención que reconozcan cómo están impactando los entornos digitales en la vida de los adolescentes.