Dominic Chiapperino, director del personal de sustancias controladas en el Centro de Evaluación de Medicamentos de la FDA, tuvo que responder bajo interrogatorio una pregunta incómoda para el propio Gobierno. Según reconoció en la audiencia, el cannabis no habría calificado bajo el criterio tradicional de cinco partes que EE UU usaba para definir el “uso médico actualmente aceptado”.

Ese marco cambió en 2023, cuando la agencia adoptó un análisis de dos partes, más flexible, para evaluar la recomendación de mover el cannabis a la Lista III. Justamente ahí concentraron sus ataques los abogados de Smart Approaches to Marijuana (SAM) y otras organizaciones contrarias a la reforma. Kevin Sabet, director de SAM, resumió la línea opositora al señalar que la “marihuana no habría pasado la prueba tradicional”.

El contrapunto clínico llegó con Corey Burchman, médico de New Hampshire, quien comparó la abstinencia de cannabis con “la brasa que se apaga de una fogata moribunda”, frente a una retirada de opioides mucho más dura para el cuerpo. Su testimonio volvió sobre una idea que distintas agencias ya han instalado en el expediente público: alcohol y tabaco causan más daño que el cannabis.

La escena tiene una paradoja difícil de esquivar. Quienes arrancan las admisiones más incómodas al Gobierno son los opositores a la reclasificación, porque la DEA dejó como participantes oficiales a voces contrarias a la reforma, entre ellas SAM y los estados de Nebraska, Idaho, Indiana y Luisiana. Los reformistas, en cambio, quedaron fuera del panel, aunque es el propio Ejecutivo el que propone mover el cannabis a otro casillero legal.

A esa asimetría se sumó otra capa de opacidad. La DEA bloqueó las cámaras y rechazó una solicitud de transmisión en vivo presentada por Marijuana Moment, un congresista y otros medios. La audiencia, iniciada el 29 de junio, quedó limitada a 25 asientos para el público y a la reconstrucción de periodistas y abogados presentes. Es el mismo proceso que Cáñamo ya había seguido cuando Trump reactivó la reclasificación federal del cannabis.

El expediente del Gobierno, de todos modos, no se agota en esa admisión. La propuesta sostiene que el cannabis tiene usos médicos aceptados en dolor, anorexia y náuseas por quimioterapia, y se apoya en una discusión más amplia sobre riesgos relativos, evidencia clínica y salud pública. En ese marco también entran antecedentes como la asociación entre apertura de dispensarios y menos muertes por opioides.

La audiencia deja una imagen nítida del momento político: EE UU discute si el cannabis debe salir del castigo máximo mientras el público mira desde afuera, sin cámaras, sin transmisión y con la puerta apenas entreabierta.