El Health Research Board (HRB) contabilizó 15.422 casos tratados por uso problemático de sustancias en Irlanda durante 2025, sin incluir alcohol. La cocaína fue la sustancia más frecuente: 6.535 casos, el 42 % del total y un 24 % más que en 2024. La institución precisa que “caso” significa episodio de tratamiento, por lo que una misma persona puede aparecer más de una vez si recibió más de una atención.

Desde 2017, los casos en los que la cocaína figura como sustancia principal aumentaron un 336 %. En ese período, la cocaína en polvo creció un 282 % y el crack un 906 %, según el HRB. El dato encaja con un mercado europeo y una cocaína más barata, más pura y más disponible.

El informe explica que  parte del aumento total se relaciona con una mejor cobertura de los tratamientos reportados en prisiones. Aun así, el HRB señala que la demanda creció en distintos tipos de servicios y para varias sustancias, lo que apunta a presión sostenida sobre el sistema de atención. Los opioides aparecen como la segunda sustancia más frecuente y el cannabis como la tercera.

La dimensión social aparece en otro informe nacional reciente sobre intimidación relacionada con drogas. El proyecto DRIVE registró 1.027 casos en 2024–2025 y vinculó la cocaína con el 59 % de ellos, seguida por el cannabis con el 14 %. La deuda por sustancias estuvo presente en el 67 % de los casos. Así, las cifras de tratamiento también remiten a economías ilegales que producen daños familiares y comunitarios.

Entre las señales emergentes, el HRB destacó un aumento del 50 % en los casos vinculados a nuevas sustancias psicoactivas, hasta 256 y 334 casos relacionados con ketamina, doce veces más que en 2017. La investigadora Anne Marie Carew advirtió que, aunque los números siguen siendo reducidos, estas tendencias deben seguirse de cerca ya que este monitoreo dialoga con otras alertas europeas sobre riesgos asociados al uso no médico de ketamina.

El caso irlandés muestra el límite de mirar la cocaína solo como un asunto de control penal. Cuando la demanda de tratamiento crece y las deudas del mercado ilegal llegan a familias y comunidades, la respuesta pública no debe centrarse en lo punitivo y se necesitan políticas capaces de llegar antes que la emergencia.