El ministro delegado Laurent Panifous confirmó el 30 de junio que el texto ya estaba en manos del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo francés. Este no es el decreto que permitió ampliar el uso del cannabis medicinal el año pasado, sino otro distinto que establece cómo la seguridad social decidirá qué productos financiar y cuánto pagará por ellos.
Sin embargo, la revisión jurídica ocurrirá después de la pausa estival y el Gobierno prevé publicar el decreto al inicio de la próxima sesión parlamentaria. Falta, además, el dictamen de la Alta Autoridad de Salud (HAS), encargada desde marzo de 2025 de evaluar estos medicamentos. Incluso sin nuevos tropiezos, las primeras prescripciones cubiertas no llegarían antes de 2027, casi seis años después de que Francia lanzara su programa piloto de cannabis medicinal.
Mientras la maquinaria administrativa avanza, el puente que debía sostener a los pacientes se vacía. Hoy quedan menos de 700 personas inscritas, frente a un pico cercano a 3.000 y nadie ha podido sumarse desde 2024. La ministra de Salud, Stéphanie Rist, había puesto julio de 2026 como fecha límite para avanzar y, si bien enviar el decreto al Consejo de Estado cumple con ese plazo, los pacientes aún no pueden acceder.
A la presión política se suma la Unión de Industriales para la Valorización de los Extractos de Cáñamo (UIVEC) que logró en junio que se liberara el estudio U.CANNABIS, encabezado por el Inserm y la Universidad de Burdeos, tras nueve meses sin publicación. Con 1.971 pacientes seguidos entre 2021–2023 en cinco indicaciones aprobadas, el estudio registró una menor utilización de opioides fuertes tras iniciar cannabis medicinal.
Ese dato no prueba por sí solo una sustitución terapéutica, pero sí alimenta una discusión europea más concreta sobre formatos, indicaciones y cobertura pública. Para Ludovic Rachou, presidente de la UIVEC, la evidencia francesa ya converge con una agenda donde España y Francia venían empujando formatos estandarizados de cannabis medicinal.
Así, Francia no incumple su palabra: cumple el papel. Pero entre el decreto que se firma y el paciente que recibe su tratamiento cubierto todavía media un calendario medido en años, no en meses, y un programa piloto que se apaga antes de que llegue el relevo.
