En los grandes mercados, la flor ha funcionado como puente entre la experiencia del paciente y el circuito médico. Su ventaja es conocida –inicio rápido y familiaridad–, pero también carga con nomenclaturas asociadas al uso recreativo. Para parte de los reguladores y del personal clínico, esa continuidad dificulta presentar el cannabis como un tratamiento comparable a otros fármacos.

España parece querer cortar ese nudo desde el diseño del sistema. Las orientaciones oficiales para preparaciones magistrales apuntan a un modelo más hospitalario y farmacéutico, con soluciones orales estandarizadas (THC o CBD) preparadas en farmacia, con pautas de dosificación y límites definidos. 

Francia ha ensayado un camino intermedio, permitiendo flor, pero en dosis unitarias selladas y concebidas para usarse con dispositivos médicos certificados, con la intención de reducir desvíos y reforzar la lógica de “medicamento” sin eliminar del todo la opción vegetal.

El foco en dispositivos no es un detalle técnico, sino una carrera industrial. En la Unión Europea, un dispositivo médico no puede comercializarse sin el marcado CE, que exige evaluación de conformidad, documentación y auditorías por organismos notificados. Ese umbral convierte a los vaporizadores médicos certificados en una barrera de entrada porque ya no basta con que el hardware funcione, también debe demostrar seguridad, desempeño y repetibilidad.

Compañías como Curaleaf International han presentado esta exigencia como ventaja competitiva, defendiendo la inversión en inhaladores y dispositivos propios con certificación CE. Su argumento es que la inhalación de formulaciones líquidas permite mayor control de dosis y una experiencia más consistente para el paciente. 

La discusión sobre la flor suele leerse como disputa cultural, pero en Europa se está volviendo una cuestión farmacéutica donde se está poniendo el foco en exigencias sobre las dosis, los envases controlados y la certificación industrial. El riesgo es que la estandarización termine sustituyendo el acceso por el protocolo y el rigor regulatorio termine siendo un freno a una real de integración sanitaria.