Entre expectativa y escepticismo, la trayectoria del proyecto pesa más que cualquier señal de pasillo. Desde 2019, la Cámara de Representantes aprobó alguna versión del SAFE Banking siete veces, pero ninguna alcanzó una votación final en el pleno del Senado, donde suele hacer falta una mayoría de 60 votos para sortear la obstrucción parlamentaria. La nueva propuesta, impulsada en la Cámara por el republicano Dave Joyce con apoyos de ambos partidos, busca impedir que los reguladores federales castiguen a los bancos que atienden a negocios de cannabis legales bajo ley estatal.
En la oficina de Mike Johnson está la clave política, porque dos asesores de la Cámara citados por la prensa especializada dijeron que el presidente republicano no bloquearía una votación si el proyecto cuenta antes con respaldo suficiente dentro de su propia bancada. Eso no equivale a un apoyo personal ni a una ruta despejada, pero sí marca una diferencia entre oponerse a una ley y permitir que el resto de la Cámara la vote.
Al mismo tiempo, la falta de banca del cannabis y sus zonas grises sigue apareciendo en operaciones cotidianas. En Missouri, una demanda colectiva acusa a una cadena de dispensarios de Kansas City de cobrar de más mediante terminales de pago presentadas como “cashless ATM”. El sistema registra la compra de cannabis como retiro de efectivo ante bancos y redes de tarjetas, redondea el monto hacia arriba –por ejemplo, 55 dólares por una compra de 52– y, según la acción judicial, habría inducido a error a consumidores bajo la ley estatal de prácticas comerciales.
Este tipo de ingeniería de pagos no surge por capricho, ya que mientras el cannabis siga siendo ilegal a nivel federal, buena parte de la banca tradicional evita trabajar con dispensarios y las empresas buscan atajos para reducir el manejo de efectivo o aceptar tarjetas sin decirlo del todo. El caso de Missouri muestra el reverso doméstico de una discusión que suele narrarse desde el Congreso mediante comisiones confusas, pagos redondeados y consumidores que terminan pagando el riesgo regulatorio.
Por ahora, la reintroducción del SAFE Banking no cambia ese escenario. Puede ordenar una discusión largamente postergada, pero no autoriza a planificar como si la ley ya hubiera cruzado el Senado. Cada vez que el proyecto vuelve al Congreso, alguien en Missouri encuentra una nueva forma de cobrar la ausencia de un banco dispuesto a decir que sí.
