Pasar al contenido principal

El activismo cannábico de Namibia busca llegar a las urnas

Brian Jaftha, presidente de Ganja Users of Namibia Party (GUNP)

Brian Jaftha, presidente de Ganja Users of Namibia.

Ganja Users of Namibia quiere trasladar su campaña por la regulación del cannabis desde los tribunales hasta la política electoral. Su presidente, Brian Jaftha, impulsa la formación de Ganja Users of Namibia Party, un proyecto que pretende convertir años de protestas, peticiones y litigios en representación institucional, aunque todavía no está registrado oficialmente.

Ganja Users of Namibia (GUN) busca cambiar de estrategia después de años de movilizaciones y acciones legales. Brian Jaftha, presidente de la organización, presentó Ganja Users of Namibia Party (GUNP) como una futura plataforma política capaz de llevar la reforma del cannabis al Parlamento y vincularla con propuestas sobre empleo, agricultura, producción de cáñamo y libertades individuales.

La iniciativa todavía se encuentra en una fase inicial. GUNP no aparece entre los 25 partidos reconocidos en el registro público de la Comisión Electoral de Namibia, por lo que no puede describirse aún como una formación constituida ni habilitada para competir en elecciones. La propuesta representa, por ahora, la intención declarada de transformar el movimiento social en una organización electoral.

El giro político llega después de un nuevo revés para la vía judicial. En julio, el Tribunal Superior de Windhoek rechazó una demanda presentada por Jaftha y el secretario general de GUN, Borro Ndungula, contra la prohibición de la posesión y el uso de cannabis entre personas adultas.

La jueza Claudia Claasen consideró prematura la intervención del tribunal, debido a que las autoridades namibias están revisando la legislación. También señaló que una decisión sobre la legalización o la continuidad de la prohibición corresponde principalmente al Ejecutivo y al Parlamento por sus implicaciones para la salud pública, la justicia penal y otras políticas sociales.

La resolución acogió una objeción preliminar del Estado, pero no determinó que la prohibición sea constitucional ni resolvió el fondo de todas las vulneraciones denunciadas. Desde 2021, Jaftha y Ndungula sostienen que las normas afectan derechos como la igualdad y la libertad religiosa, especialmente entre integrantes de la comunidad rastafari.

El contexto regional ofrece un contraste cercano. En Sudáfrica, el reconocimiento judicial del cultivo y el consumo privados abrió un proceso regulatorio que todavía mantiene disputas sobre los derechos de las comunidades rastafari. El crecimiento comercial del sector también ha dejado interrogantes sobre quiénes participan en una industria que está cambiando de rostro.

Para convertirse en una alternativa electoral, GUNP deberá completar su registro, construir una estructura nacional y demostrar que una propuesta surgida del activismo cannábico puede atraer apoyos más amplios. Después de años de marchas, peticiones y tribunales, el movimiento quiere probar una herramienta distinta: aparecer en la papeleta.

Te puede interesar...

¿Te ha gustado este artículo y quieres saber más?
Aquí te dejamos una cata selecta de nuestros mejores contenidos relacionados:

Suscríbete a Cáñamo