La reorganización aprobada en mayo trasladará al Ministerio de Salud el Departamento de Política de Drogas, sus unidades de coordinación y financiación y el Centro Nacional de Monitoreo de Drogas y Adicciones. Esas estructuras se integrarán, a partir del primero de julio, con el área de salud mental en una nueva sección ministerial. El Gobierno presenta la decisión como una forma de ordenar funciones que, hasta ahora, dependían directamente de su oficina.

Eso sí, el Consejo Gubernamental para la Coordinación de la Política de Adicciones continuará bajo la dirección del primer ministro y conservará la participación de distintos ministerios, organizaciones sociales y servicios especializados. El ministro de Salud, Adam Vojtěch, sostiene que esa estructura permitirá mantener el carácter intersectorial de la política, pese al traslado de su aparato ejecutivo.

La distinción es importante en un país que ha desarrollado un enfoque que combina prevención, tratamiento, reducción de daños, regulación y seguridad. Chequia también ha avanzado en la despenalización del cultivo de cannabis y en la ampliación del acceso al cannabis medicinal, reformas que ayudaron a consolidar su imagen como laboratorio regulatorio europeo.

Las críticas apuntan menos al organigrama que a la capacidad real de coordinación. Profesionales y académicos temen que el coordinador nacional permanezca en la Oficina del Gobierno mientras el personal técnico, los datos y los recursos pasen a otra cartera. Una carta abierta internacional pidió preservar el modelo interdisciplinario, mientras organizaciones checas reclamaron garantías sobre la continuidad de los fondos destinados a los servicios de adicciones.

El cambio también coincide con la salida de Pavel Bém, nombrado coordinador nacional en enero y crítico del traslado. Su mandato terminará a finales de junio y el Gobierno anunció un proceso de selección para reemplazarlo. La decisión se produce, además, bajo un Ejecutivo cuya llegada ya había generado incertidumbre sobre las reformas del cannabis.

La prueba comenzará el 1 de julio. El consejo seguirá siendo interministerial sobre el papel; falta comprobar si conservará la misma capacidad para convertir esa coordinación en prevención, financiación y reducción de daños cuando buena parte de su maquinaria cotidiana funcione desde un único ministerio.