La discusión reapareció a partir de un artículo de The News & Observer, retomado por otros medios, que retrata el clima de incertidumbre entre pequeños negocios del sector. Uno de los casos citados es el de John Boccella, copropietario de The Hemp Company en el área de Raleigh, que sostiene que la nueva redacción federal puede volver inviable buena parte del mercado actual.
La nueva ley federal deja atrás el viejo criterio centrado en el 0,3% de delta-9 THC en peso seco y pasa a una noción más amplia de “THC total”, además de fijar un límite de 0,4 miligramos por envase para los productos finales derivados del cáñamo. En la práctica, esa modificación amenaza con sacar del mercado una parte sustancial de las gominolas, bebidas y otros comestibles que hoy circulan. La industria interpreta esa reforma como un cierre tardío del resquicio legal que permitió la expansión de cannabinoides psicoactivos vendidos en tiendas comunes.
Según la legislación estatal vigente en Carolina del Norte, el cáñamo sigue definido por el umbral de 0,3% de delta-9 THC en peso seco, mientras la marihuana continúa prohibida en el estado salvo el caso singular del territorio de la Eastern Band of Cherokee Indians, donde sí existen ventas reguladas para adultos. Esa convivencia entre prohibición general, excepción tribal produjo que los productos derivados del cáñamo pueden conseguirse con más facilidad que el cannabis medicinal.
Esa contradicción fue reconocida incluso por el propio gobernador Josh Stein, quien creó un consejo asesor para proponer una política integral sobre el cannabis. El encargo oficial incluye protección de menores, límites de potencia, reglas de empaque, salud pública, justicia penal y posibles cambios legislativos. La señal política es que el problema ya no puede leerse solo como una cuestión moral ni solo como una discusión de mercado. Hay una demanda de regulación, pero persiste la disputa sobre qué tipo de regulación llegará y a quién protegerá primero.
En ese punto aparece la otra preocupación y que tiene relación con que una parte de los consumidores migre al mercado informal. Comerciantes del sector advierten que, si desaparecen de golpe los productos que hoy se venden en locales abiertos, no necesariamente desaparecerá la demanda. En los estados donde el acceso legal a la cannabis sigue bloqueado o es muy restringido, el endurecimiento puede terminar trasladando a los usuarios hacia canales menos transparentes, con menos controles y menos información sobre composición, potencia o contaminantes.
