Firmado por Sharon Harrison, Loran Chollete, Ching-Chih Lu y Khawaja Mamun, el estudio recorre la reforma del cannabis estadounidense entre 1995 y 2019, evitando extraer conclusiones a partir de un solo estado, más aún considerando que, una buena parte del debate público sobre la marihuana legal y seguridad se ha sostenido durante años sobre lecturas policiales apresuradas y una mirada prohibicionista dispuesta a confundir regulación con peligro.
Lo más interesante del trabajo es que no solo niega que exista un aumento general del crimen, sino que distingue entre modelos regulatorios. Según sus resultados, las leyes de cannabis medicinal se asocian con una reducción de los delitos contra la propiedad, mientras que la legalización para uso adulto aparece vinculada a una caída de los delitos violentos. Los autores añaden, además, que esos efectos no suelen ser inmediatos, sino que se vuelven más visibles con el paso de los años.
Sin embargo, la investigación advierte que los resultados cambian según el modelo estadístico utilizado. En una primera aproximación, la legalización recreativa parecía asociarse con un aumento de algunos delitos contra la propiedad, pero al incorporar tendencias específicas de cada estado, ese efecto dejó de ser central. Es decir, el estudio debilita el viejo argumento de que regular el cannabis dispara el crimen, pero sin tratar de convertir a la regulación en una receta mágica.
También por eso conviene situar este trabajo dentro de una discusión más amplia ya que la literatura académica indica que se han descrito efectos mínimos o nulos sobre los grandes indicadores delictivos, mientras otros registraron resultados mixtos según territorio, período y método. Pero más allá de toda discusión en torno a las investigaciones y sus metodologías, la caricatura prohibicionista, que presenta cualquier mercado legal como una antesala del caos, comienza a desmoronarse.
Por lo mismo y a riesgo de ser redundante, este estudio más que anunciar un paraíso detrás de las políticas de regulación del cannabis, empuja a pensar qué tipo de regulación reduce mejor la violencia y cómo puede permitir analizar las políticas de drogas por sus efectos reales y no por la persistencia en que el prohibicionismo copa la agenda noticiosa.
