Australia vuelve a mover una pieza en su modelo de acceso médico a psicodélicos. La Therapeutic Goods Administration (TGA) publicó el 26 de mayo de 2026 los resultados de una consulta dirigida sobre el Authorised Prescriber Scheme, el mecanismo que desde 2023 permite a determinados psiquiatras prescribir MDMA para trastorno de estrés postraumático y psilocibina para depresión resistente al tratamiento. El antecedente ya lo habíamos comentado cuando este país puso en marcha las recetas de MDMA y psilocibina.

Las recomendaciones se concentran en cuatro puntos: experiencia del psiquiatra, composición del equipo terapéutico, nivel de supervisión del prescriptor y condiciones del lugar donde se administra el tratamiento. Según la TGA, el objetivo es facilitar un acceso apropiado a terapias emergentes, pero con salvaguardas fuertes para proteger a pacientes que suelen atravesar cuadros complejos.

Uno de los cambios más relevantes es que el equipo terapéutico podrá incorporar perfiles registrados de distintas disciplinas, como psicología clínica, medicina, enfermería con experiencia en salud mental o terapia ocupacional, siempre que tengan competencias adecuadas. La responsabilidad final, sin embargo, continúa en manos del psiquiatra autorizado, que debe participar en la evaluación, el consentimiento informado y estar físicamente presente al momento de administrar la sustancia, aunque no se exige su presencia continua durante toda la sesión.

El ajuste también aclara qué se considera un entorno clínico adecuado. La TGA no exige necesariamente un hospital tradicional, pero sí un espacio médicamente supervisado, con personal entrenado, protocolos de emergencia, medicamentos de rescate, registro de eventos adversos y cercanía a un servicio de urgencias. Esta flexibilidad responde a una tensión que atraviesa el campo de la terapia psicodélica y salud mental: cómo ampliar acceso sin convertir tratamientos aún emergentes en prestaciones desreguladas o guiadas por expectativas comerciales.

La MDMA y la psilocibina siguen siendo productos terapéuticos no aprobados en el registro general australiano y el acceso se mantiene por una vía especial. Tampoco se trata de una autorización para cualquier diagnóstico o para uso no supervisado. En un país que también ha destinado fondos públicos a la investigación con psicodélicos, el caso muestra que regular no equivale solo a permitir, sino también a construir condiciones reales de seguridad.