El cambio se ha introducido en el artículo 255 del Código Penal, el que castiga la defraudación de fluido eléctrico. A partir de ahora, cuando la luz pinchada sirva para abastecer instalaciones vinculadas al cultivo, elaboración o tráfico de sustancias fiscalizadas, el delito tendrá una respuesta penal más dura. Lo que se busca con este endurecimiento es que no solo se trata de perseguir a quien manipula un contador o se engancha a la red, sino de señalar el uso de esa electricidad dentro de una actividad ilegal más amplia.

La modificación llegó dentro de una ley orgánica sobre multirreincidencia, pero el debate acabó entrando de lleno en las plantaciones de interior alimentadas con conexiones ilegales. Según la tramitación parlamentaria,  la enmienda buscaba actuar sobre ese punto de la cadena, especialmente cuando los cultivos de cannabis se sostienen a costa de la red eléctrica común y terminan provocando problemas a la comunidad.

Buena parte del impulso político llegó desde Andalucía, donde los enganches vinculados a plantaciones de interior llevan años generando quejas vecinales, apagones y actuaciones policiales. CannaReporter y Diario de Sevilla recogen que las subdelegaciones del Gobierno en Sevilla y Granada trasladaron esa presión, relacionada también con sobrecargas e incendios. En Granada, Europa Press citó al subdelegado del Gobierno, que presentó la reforma como una herramienta más para la policía y los juzgados.

En los juzgados, esta nueva figura podrá sumarse a otros delitos cuando además se acrediten hechos relacionados con el cultivo o el tráfico de cannabis. Esa acumulación puede tener consecuencias importantes, porque en España la suma de penas influye en la posibilidad de suspender la condena y puede acercar algunos casos a la prisión por cultivo o venta. Aun así, cada procedimiento dependerá de las pruebas, de la gravedad de los hechos y del criterio judicial.

La reforma responde a apagones frecuentes, vecinos que pagan las consecuencias y riesgos eléctricos que pueden acabar en tragedia, pero también deja al descubierto que, mientras el mercado del cannabis siga funcionando en la clandestinidad, parte de sus costes seguirá cayendo sobre comunidades vulnerables. Castigar la luz pinchada puede ser una respuesta inmediata, pero no resolverá el problema de fondo y que requiere mirar más allá del contador.