El paisaje cannábico urbano caleño está mutando y no se trata únicamente de fumar bajo techo. Lo que aparece son nuevos espacios con códigos de ingreso, membresías y discreción por sobre todo. En una ciudad donde lo público se volvió más hostil para el consumo, estos recintos expresan una forma de reorganización social ante una regulación que sigue dejando zonas grises.

En 2024, la Alcaldía de Cali expidió el Decreto 0125, que restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en un perímetro de 200 metros alrededor de instituciones educativas, parques, centros deportivos y zonas de interés cultural. La medida refuerza una tendencia conocida en muchas ciudades latinoamericanas donde el consumo sigue existiendo, pero cada vez encuentra menos espacio en lo público. Sin embargo, cuando el Estado responde con vigilancia, aparecen soluciones privadas para una práctica que no se puede hacer desaparecer por decreto.

Ahí es donde los clubes sociales de cannabis adquieren sentido más político y en Colombia estos lugares existen en una zona gris normativa ya que son organizaciones privadas de adultos que se reúnen alrededor del cannabis para  aprender sobre cultivo, compartir información y, en algunos casos, contribuyendo con prácticas que apuntan a la reducción de riesgos y daños. Hay que destacar que si bien los clubes no son todavía una figura reconocida con claridad por la ley, tampoco son un fenómeno marginal o improvisado y más bien son una respuesta social a una regulación incompleta.

Además, la Ley 30 de 1986 reconoce como dosis para uso personal una  cantidad de marihuana que no supere los 20 gramos, siempre que no tenga como fin la distribución o la venta. Ese límite explica por qué muchos de estos espacios insisten en que no venden cannabis y que cada miembro entra con su propia dosis. También da cuenta de la fragilidad de un modelo que permite funcionar como espacios de encuentro y consumo, pero no cuenta con un marco estable que ordene mecanismos transparentes de abastecimiento.

La regulación que amplió el acceso al cannabis medicinal  y permitió, por primera vez, el uso médico de la flor de cannabis como producto terminado bajo prescripción y control sanitario tampoco resuelve este problema. Es un cambio relevante para pacientes, cultivadores y farmacias, pero no equivale a regular el uso adulto del cannabis ni a reconocer a los clubes cannábicos como parte del sistema. El resultado es que Colombia logra avanzar en el mercado terapéutico, pero mantiene en penumbra la sociabilidad del consumo recreativo adulto.

La crónica de El País de Cali retrata lo que sucede con los clubes cannábicos y permite ver cómo esa penumbra toma forma concreta en la ciudad. Allí aparecen espacios como Green House, Café Arboleda y Espacio Arabba, lugares muy distintos entre sí pero que han logrado sacar el consumo del espacio público y del conflicto directo con la Policía para llevarlo a espacios privados donde la marihuana convive con reuniones de trabajo, barismo, coctelería y conversación.

Sin embargo, los clubes operan bajo las reglas del mercado y quien puede pagar una membresía encuentra terraza, café, conversación y cierto tipo de protección aunque esta sea simbólica. Quien no puede costear la entrada, queda expuesto al conflicto vecinal y a la sanción. Por eso el debate de fondo no debería agotarse en la estética de estos sitios ni en su capacidad de emprendimiento y resignarse a que la única salida relativamente segura, casi como un refugio, termine siendo lo privado.