Hace unos meses os hablamos del caso de un veterano de los ochenta que se enfrentaba a un nuevo proceso en la Audiencia Provincial de Barcelona, con una petición de pena de cinco años de cárcel y cuatro mil euros de multa por la posesión para el tráfico de una cantidad ínfima de diversas sustancias. En concreto, 2,23 g de MDMA, 5,218 g de cocaína y 7,5 g de hachís. Sí, por estas cantidades tan ridículas de drogas le pedían más pena de la que han impuesto al juzgador de futbol Daniel Alves por tirar al suelo a una mujer en un lavabo, violarla con penetración, eyacular dentro de su cuerpo y causarle lesiones.
Los brotes de la locura contra las drogas siguen creciendo por todas partes. Respecto a nuestro caso, os preguntaréis por qué no lo archivaron si eran cantidades tan pequeñas. Bueno, el problema aquí es que en la entrada y registro que hicieron en su casa le intervinieron una báscula de precisión, dinero en efectivo y, para acabar de liarla, una libreta con anotaciones de nombres y cantidades de dinero. Sí, gran error.
Además, la Policía tenía la denuncia anónima de un vecino que decía que allí se vendía droga, y los agentes hicieron vigilancias en el entorno del domicilio y constataron la entrada y salida de diversas personas, y la intervención a algunas de ellas de sustancias ilegales, que tenían entre sus pertenencias. Los agentes se tomaron la molestia de seguir a algunas de estas personas y cachearlas, y encontraron en sus bolsillos en dos ocasiones marihuana, y en otra, cocaína.
Por otra parte, todo el historial de antecedentes penales no ayudaba en absoluto. También os contamos que Julián se había introducido en la heroína siendo un chaval, y que tuvo que lidiar en su vida con todo el panorama represivo de los años ochenta y noventa, que incluía no solo persecución policial y altas penas de cárcel, sino también el virus del VIH como parte del pack, por culpa de las nulas intervenciones sanitarias en reducción de daños.
Durante aquellos años tuvo entradas y salidas de la cárcel, alguna sobredosis, el contagio no solo del VIH sino también de otras enfermedades y, también, un ictus. A pesar de todo ello seguía sobreviviendo, y lo llevaba bien hasta que sus padres enfermaron y murieron. Allí volvió a los consumos y al pequeño tráfico para financiarse. Sí, se dedicó durante un tiempo a suministrar a consumidores lo que les venía en gana consumir. Y esto no le gustó a un vecino, tampoco a la Policía, y mucho menos al Ministerio Fiscal, que le pedía nada menos que cinco años de cárcel.
Cuando nos llegó el asunto ya estaba pendiente de señalamiento para juicio, por lo que el trámite de la petición de pruebas ya había concluido. Aun así, lo pedimos, y la sala nos lo concedió. Se requirieron informes a su CAS de referencia y a la cárcel, y fue examinado por el médico forense. Por suerte, el tribunal era garantista y nos permitió practicar esta prueba aunque fuera extemporánea.
De cara al juicio, como la absolución era casi imposible, nos propusimos negociar una conformidad con una pena mínima. Y gracias a los informes y a unas dilaciones indebidas, pudimos conseguir una pena mínima, ya que se logró la reducción de la condena en un grado. Es decir, si el delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud –en este caso, MDMA y cocaína– va de tres a seis años, la pena mínima de la inferior en grado es de un año y seis meses, que es la que le impusieron, con una pena de multa de setecientos euros.
Pero lo más satisfactorio de todo fue que le suspendieron la ejecución de la pena por tiempo de tres años, por lo que, en pocos meses, cuando acabe de cumplir lo que tiene ahora, podrá salir en libertad sin tener que cumplir esta pena. Aunque ya sabemos que la suspensión de la pena puede ser un arma de doble filo: si vuelve a delinquir, la tendrá que cumplir entera. Esperemos que esto no ocurra.
