Desde el Ministerio de Salud Pública se han negado a reglamentar la ley 19.845, aprobada por unanimidad en ambas cámaras en diciembre de 2019, que lleva por título “Declaración de interés público la investigación sobre el cannabis y sus aplicaciones en todas las áreas del conocimiento”.
Además, otra ley, la 19.847, ley que lleva por título “Declaración de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante productos de calidad controlada y accesibles, en base a cannabis o cannabinoides, así como el asesoramiento médico e información sobre beneficios y riesgos de su uso”, también aprobada por unanimidad, fue reglamentada parcialmente, de una forma totalmente ineficaz (prácticamente ningún artículo de la reglamentación pudo ser usado) y dejó sin reglamentar todos los artículos de la ley que tenían un carácter social, como las asociaciones de pacientes.
Esta reglamentación a medias generó el desmantelamiento de empresas –la gran mayoría aún no ha cumplido con sus obligaciones frente a sus trabajadores–, pero además no mejoró en nada la accesibilidad de los pacientes a los productos con cannabis, que era lo que se proponía la ley.
No obstante, desde el Ministerio del Interior y Fiscalía han activado operaciones de represión a cultivadores, donde cualquier falta a los mecanismos de regulación estipulados, fueron considerados crímenes penalmente punibles. Apoyados en la Ley de Urgente Consideración, aprobada por la coalición ni bien llegada al gobierno, donde se estipulaba un aumento de las penas mínimas por cualquier delito vinculado a drogas. Y en base al Nuevo Código Procesal Penal, presionan a esos cultivadores después de 24 horas de su detención, sin dormir, para que firmen procesos abreviados donde asumen su delito (aunque no existan pruebas reales de la comercialización de estupefacientes, y basados en procedimientos policiales con graves errores procesales). Sin que haya elementos procesales para probar su culpabilidad, estas personas terminan presas en cárceles peligrosas con una pena mínima de 2 años.
En ese agujero semántico, las declaraciones de los principales jerarcas del Gobierno hablan de una desregulación del mercado del cannabis, una mayor flexibilización de sus prácticas y una apertura de la venta de cannabis a turistas, mientras, por otro lado, tanto el Ministerio de Salud Pública como, sobre todo, el Ministerio del Interior, basados en una interpretación restrictiva de la letra fría de la ley, y en silencio, condenan a activistas y cultivadores, muchos de ellos con niños menores a su cargo, a años de cárcel.
Si contamos a los medios de comunicación esta grave situación es con el fin de dar a conocer a la opinión pública española y europea la difícil realidad que se está viviendo, para desarmar el relato que habla de un país de libertades y avisar de los peligros a los que se pueden enfrentar en la práctica todos aquellas personas vinculadas al sector cannábico que se quieran acercar a Uruguay.
